Está en : PORTADA > Opinión > Editoriales EL juez Grande-Marlaska decidió ayer ampliar los cargos por los que deberán comparecer la próxima semana los integrantes de la Mesa Nacional de Batasuna, para incluir los delitos de amenazas terroristas, la entrevista con ETA en «Gara», las amenazantes declaraciones de Joseba Permach y la reiteración delictiva por la llamada «comisión negociadora». Esta decisión demuestra el grave error en el que se encuentran los que quieren dirigir a la Justicia con mando a distancia. Ayer falló estrepitosamente la estrategia de neutralizar a la Audiencia Nacional para blindar a la «comisión negociadora» designada por Batasuna, que se constituyó debidamente acompañada por la chulesca advertencia del proetarra Permach de que habría problemas si los jueces actuaban contra sus miembros. Se dio por hecho que, en una especie de conversación de pasillo, Fiscalía y Juzgado habían predeterminado que la tal comisión de interlocutores no constituía delito. Pues parece ser que sí puede ser delictiva. Y no hay que sorprenderse por la decisión judicial, sino por las estratagemas de quienes quieren poner trampas a los jueces en su labor de garantizar que las líneas rojas de la Justicia no se rompen. Batasuna es una proscrita de la Ley y todo aquel que realice actos como dirigente de Batasuna está asumiendo el carácter delictivo de su comportamiento. Otegi, por ejemplo, está más que avisado. El Tribunal Supremo disolvió a la coalición proetarra; y la Audiencia Nacional, en dos ocasiones, ha suspendido sus actividades como medida cautelar en un proceso penal. ¿Qué más hace falta para dejar de discutir que quien represente a Batasuna y actúe por ella es un presunto terrorista? Por eso, entra en la lógica jurídica más intachable que el magistrado Grande-Marlaska decida ampliar la imputación contra unos proetarras que, en este momento, están echando un órdago al Estado. Órdago que el Estado debe aceptar para ganárselo absolutamente. El tancredismo del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado frente a la izquierda proetarra es inexcusable. Responde en este momento, de forma palmaria, a la falta de iniciativa propia y al retranqueo desde que ETA y Batasuna apretaron su discurso con amenazas y chantajes. Este proceso, que debía ser el de la derrota de ETA, empieza a estar en manos de los etarras. Los batasunos como Otegi y Permach se comportan con execrable seguridad de que sus coacciones al Estado pueden tener éxito. Pero tanto ellos como el Gobierno se confunden cuando creen que aquí no hay más voces en liza. Y las hay, como la de la Justicia, que en pocas ocasiones debería sentirse tan arropada y legitimada por la sociedad española como en esta. La ampliación de cargos en la citación judicial de los dirigentes batasunos es una excelente noticia para el Estado de Derecho y para la sociedad en su conjunto. Cuestión distinta será lo que decida el juez sobre las medidas cautelares, para lo que debe tener toda libertad de criterio. Pero queda claro que sólo con la aplicación estricta de la ley es posible trasladar a los dirigentes de Batasuna que ellos son tan perdedores como ETA, y de esta pedagogía tenían que estar encargándose el Gobierno y muy especialmente el fiscal general del Estado, al que la Constitución no le asigna la función de asistente del Ejecutivo. Por lo pronto, ya se está retrasando en pedir la prisión provisional de Arnaldo Otegi, por reiteración delictiva. Que sólo funcione la Justicia al mismo tiempo que el Gobierno parece bloqueado es, a pesar de todo, el estado normal de las cosas cuando una y otro no actúan con las mismas premisas. Una misma organización no puede ser terrorista para la Ley y los tribunales y, al mismo tiempo, interlocutor -más o menos oficioso- para el Gobierno. Por tanto, visto el enésimo fracaso de aplicar a Batasuna la cirugía estética que precisa su reestreno político, tanto el Gobierno como el PSOE deben cesar ya en sus mensajes, directos e indirectos, a los jueces de la Audiencia Nacional, porque estos no están dispuestos a aplicar el oportunismo político que se les está sugiriendo ni a hacer el trabajo sucio de este proceso, como sería, por ejemplo, abrir una moratoria judicial en las causas contra el entramado etarra. Quizá los animadores del proceso de «paz» estén empezando a descubrir el verdadero alcance del Estado de Derecho y de la independencia judicial. Los demás también están descubriendo en qué consiste poner la Fiscalía al servicio del interés del Gobierno o adónde lleva creer que es posible dialogar racionalmente con una banda de terroristas.

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Tomo 13.070, Libro 0, Folio 81, Sección 8, Hoja M-211112, Inscripción 1ª - C.I.F.: B-81998841.

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