“Se me acabó la vida de lujo que llevaba”, admitió, derrotado, el Franky, el narcotraficante más buscado de España al ser detenido esta semana cuando salía de su finca de 12.000 metros cuadrados en Pedreguer.

Así lo aseguraron fuentes policiales, que añadieron que Francisco Javier Martínez Sanmillán tenía a nombre de terceros (ni siquiera miembros de su familia) el chalé alicantino y “dos o tres empresas” que poseía.

Al ser rodeado el martes por la policía, tras 14 años huyendo de la Justicia, el Franky supo que no tenía más escapatoria. No ofreció resistencia a los agentes de paisano que lo interceptaron hacia las dos y cuarto de la tarde.

El arresto fue la culminación de cinco meses de vigilancia constante por parte de un fuerte dispositivo de la Brigada de Fugitivos de la Policía Nacional.

Aunque casi nunca salía de la finca, y mucho menos durante el día, Martínez Sanmillán cambió el martes su costumbre. Al parecer, se dirigía a comer a un lujoso restaurante, a juzgar por la elegante ropa que vestían tanto él como su esposa, hijos y padres, que lo acompañaban en su vehículo.

A pesar de que el narco había alterado las facciones de su rostro mediante la cirugía estética, seguía siendo “fácilmente” reconocible, según las citadas fuentes.

El traficante también había recurrido a la cirugía para alterar sus huellas digitales, utilizando piel de los pies. Este método es muy común entre los narcotraficantes de Colombia, pero escasas veces se había detectado en España.

Aunque se desconoce dónde y quién lo operó, los investigadores sospechan de que pudo ser en Colombia o por mediación de narcos de ese país, con los que el detenido siempre ha mantenido una estrecha relación, según la fuente.

Una vez interceptado, el Franky mostró a los agentes documentos de identificación falsos que venía utilizando desde 2002. No le sirvió de nada. La familia del narcotraficante permaneció en el vehículo hasta que los agentes lo esposaron para trasladarlo a la comisaría de Denia.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó su ingreso en prisión por delitos contra la salud pública y el detenido fue conducido a la cárcel madrileña de Soto del Real.

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