NOS estamos pasando, francamente. En la carrera desenfrenada por ser los primeros de la clase, los números uno indiscutidos, los cabezas de rankings, no paramos en barras. Escalamos puestos en todas las clasificaciones habidas y por haber. Hemos convertido los cuadros comparativos entre naciones en escenarios de vida o muerte. Si no alcanzamos la cumbre es como si no fuésemos nadie. O arriba o en ningún sitio.

Ocurre, sin embargo, que hay competiciones en las que es preferible no participar o, si se participa, perder por goleada y permanecer en los lugares más bajos de la tabla. Ayer mismo se difundió un dato que ya sospechábamos y por el que veníamos peleando largamente: España es el país de la Unión Europea con más presos por cada cien mil habitantes. Peleábamos, sobre todo, con Gran Bretaña, cuya población reclusa es legendariamente más numerosa que ninguna otra del continente. Era. Ahora le hemos echado la pata. Más de 63.000 personas permanecen, contra su voluntad, en las cárceles españolas, casi el 80% de ellas cumpliendo condenas, nada de preventivas. Los lectores más veteranos recordarán aún el acontecimiento –negativo– que supuso para la sociedad española de la Transición superar el tope de los diez mil encarcelados. Entonces parecían muchos.

Ha sido el último ejemplo de liderazgo español, pero en los últimos meses se han conocido otros, no menos sombríos. Se supo, en efecto, que somos también los primeros europeos en consumo de cocaína –lo que no cabe atribuirlo sólo a nuestra ubicación geográfica, ciertamente singular–, los más activos constructores de viviendas en las que no vive nadie y los más propensos a destrozar el litoral, y estamos en las posiciones más punteras en fracaso escolar, operaciones de cirugía estética, créditos hipotecarios y caída de la natalidad. En producción de ruidos, que ahora llaman contaminación acústica, andamos codeándonos con Japón, que no es enemigo pequeño.

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